“Las leyes por sí solas no son suficientes para frenar los delitos ambientales y la depredación de la naturaleza”, dice la exministra de Defensa, abogada y politóloga Cecilia Chacón, y una de las autoras de la propuesta ante la ONU para la aprobación de la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra.

Una afirmación similar enuncia el estudio La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en Bolivia, publicado hace dos semanas y realizado por InSight Crime —una “fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe”— y el Instituto Igarapé —“grupo de expertos con sede en Brasil que se centra en temas emergentes de seguridad y desarrollo”—.

“Bolivia, en apariencia, tiene leyes destinadas a frenar la destrucción ambiental. Pero la realidad es que los actores implicados en la deforestación no son perseguidos por el Gobierno gracias a su poder e influencia.

Las cooperativas mineras de oro, los cultivadores de soya y los ganaderos gozan de una indulgencia extraordinaria. Se aprovechan de los vacíos de poder, las lagunas jurídicas, las normativas incoherentes o contradictorias y la escasa aplicación de las leyes, y utilizan medios legales e ilegales para reclamar vastas extensiones de bosque en beneficio de sus intereses económicos”, se lee en el informe del estudio”.

Devastación

“En 2023, con una pérdida de casi 500.000 hectáreas de bosque, Bolivia alcanzó la cifra más alta de deforestación en toda su historia.

Detrás de esta destrucción convergen incendios forestales que se salen de control, la expansión de la frontera agrícola, la desenfrenada minería de oro y la construcción de aeropuertos y laboratorios de droga en medio de parques naturales y áreas protegidas.

El saqueo de madera y de fauna silvestre también está atentando contra la biodiversidad del país.

Esta investigación (…) desentraña la cadena de los delitos ambientales que promueven la deforestación y pérdida de biodiversidad en Bolivia”, indica la publicación.

Las causas

“Hemos sufrido un retroceso normativo, porque si bien hay normas que hablan de sanciones ambientales, incluso nuestra Constitución ha tipificado delitos ambientales, el daño ambiental, lamentablemente, el Órgano Ejecutivo en los distintos niveles, principalmente el nacional, ha ido recortando los presupuestos institucionales de áreas estratégicas a cargo de la implementación de las normas”, dice Chacón al referirse a las causas de esta “indefensión” de la naturaleza en Bolivia.

Y está también la falta de voluntad política en la implementación, “que se traduce también en la falta de reglamentación adecuada y control adecuado del cumplimiento de la norma”, además de la falta de presencia del Estado en las áreas donde más se producen delitos ambientales, continúa la jurista.

Ella cita también al sistema jurídico “probablemente uno de los factores más preocupantes”, pues el Órgano Judicial, como lo revela un recientes estudio Delphi de la Friedrich Ebert Stiftung (FES), es la instancia estatal del que más bolivianos (89%) desconfían.

“El Estado queda chico”

Quienes perpetran delitos ambientales con fines lucrativos son “organizaciones criminales”, sentencia Chacón, “son grandes asociaciones que involucran a muchas personas y recursos, incluso más allá del territorio de nuestro Estado. El Estado queda chico, es impotente frente a estas estructuras que cada vez se tornan mucho más violentas y que están tomando control del territorio. Ni el narcotráfico ha llegado a establecer un control del territorio como están haciendo estos grupos”.

Como ejemplo de ello, la exministra cita el caso de avasallamiento en Las Londras, en Guarayos, Santa Cruz, donde, a fines de octubre de 2021, un grupo de avasalladores armados emboscaron y secuestraron a 17 personas, entre ellas, policías y periodistas.

“En los últimos dos, tres años, se ha visto en Bolivia un brote de violencia asociado con el acceso y control a los recursos naturales por parte de interculturales, contrabandistas, madereros, traficantes de fauna silvestre, mineros auríferos que están armados y que no permiten el ingreso a determinados lugares del territorio”, afirma.

Grupos poderosos

Y agrega que “son grupos de poder económico y también acumulan poder político, muchos de ellos tienen sus representantes en el Parlamento que promueven nuevas normas para flexibilizar o regularizar sus actividades ilícitas, además que bloquean la aprobación de leyes que pueden ir en contra de sus intereses económicos, y favorecer la defensa de la naturaleza”.

Pasivos ambientales

Los delitos que destruyen la naturaleza ocasionan pasivos ambientales, como la sequía en la Amazonía, cuyas consecuencias se traducen en “distorsiones en el mercado ante la carencia de productos agrícolas y agroforestales”, recuerda Marielle Cauthin investigadora socioambiental.

Eso conduce al encarecimiento de las semillas, sobre todo de las más necesarias para la dieta local y al incremento de precios en productos básicos como el plátano”.

SEIS GRUPOS DE DELITOS

Deforestación intensa y sostenida

La deforestación ha alcanzado niveles alarmantes, principalmente por los desmontes y quemas de terrenos para destinarlos a la siembra de soya o la cría de ganado.

Explotación ilegal de madera valiosa

Durante años se han talado maderas preciosas para venderlas en Bolivia y el exterior, hasta casi extinguirlas. Ahora, redes de traficantes adentran más en la Amazonía.

Narcotráfico en parques nacionales

Los cocales se están extendiendo fuera del Chapare y los Yungas, a rincones remotos de la Amazonía boliviana para satisfacer la demanda internacional de cocaína.

El flagelo de la minería aurífera

La expansión de la minería del oro deja profundas cicatrices ambientales y es uno de los principales motores de la deforestación, amenazando áreas protegidas e indígenas.

El tóxico comercio del mercurio

El vertido incontrolado de mercurio procedentes de la minería aurífera en toda la Amazonía, contamina el aire, los ríos y el pescado que comen muchas comunidades locales.

Caza de animales de toda especie

Desde jaguares hasta tortugas, pasando por aves, la inmensa biodiversidad boliviana convierte al país en un objetivo clave para los traficantes de especie silvestres y salvajes.

EL ARSENAL JURÍDICO

La Constitución Política  del Estado de 2009 contiene una decena  de disposiciones medioambientales.

Código Penal del Estado Plurinacional de Bolivia (Modificado mediante Ley Nº 700, 3 de junio de 2015).

Ley 1333 del Medio Ambiente (27 de abril de 1992).

Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (15 de octubre de 2012).

Ley 071 de la Madre Tierra (21 de diciembre de 2010).

Ley Forestal 1700 (12 de julio de 1996).

Decreto Ley 12301 de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (14 de marzo de 1975).

Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato (1 de junio de 2015).

Los empresarios forestales plantean alianzas con todos los sectores que tienen concesiones forestales para evitar más avasallamientos e incendios a éstas áreas.

Vecinos y organizaciones de la sociedad civil de Ixiamas denunciaron que la Autoridad de Control Social de Bosques y Tierra (ABT) autorizó la extracción de madera de una zona con múltiples ojos de agua que abastecen a más de 60 familias.

Una empresa obtuvo un plan de manejo de la ABT para extraer madera de la región que colinda con un área protegida municipal y que se halla dentro del área de amortiguamiento del Parque Madidi.

Los denunciantes, entre ellos una familia que habita el lugar desde hace 20 años, la Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas y la misma Alcaldía de Ixiamas (que identificó un daño ambiental), esperan que las actividades no continúen.

Desde la ABT de Ixiamas no se brindó información.

El avasallamiento del río Tequeje por la minería ilegal al interior del Parque Nacional Madidi y la designación irregular del director del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Otuquis son las dos últimas denuncias realizadas contra el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Desde el Sernap no hubo respuesta pese a que su director nacional, Johnson Jiménez, se comprometió a atender a Los Tiempos.

Hace dos semanas también hubo denuncias sobre el aprovechamiento ilegal de recursos forestales en el ANMI San Matías por el Comité de Gestión, las mismas llegaron hasta el Ministerio de Medio Ambiente y fueron difundidas por este medio.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente se solicitó mediante una nota escrita a la Dirección Nacional del Sernap los informes técnicos y legales sobre las acciones que realizaron contra los aserraderos San Gabriel y Cimal que operaban ilegalmente en el área protegida.

El Comité de Gestión del ANMI San Matías además evidenció que el exdirector formalizó la denuncia contra las empresas el 27 de octubre de 2023, pero a la semana fue despedido. El sucesor archivó el proceso y más bien solicitó la modificación del plan de manejo para que las actividades se adecúen y sean legales, refiere la denuncia presentada al Ministerio del Medio Ambiente, el 11 de abril de este año.

En relación con el Parque Nacional Otuquis, los comunarios de la Central Indígena Chiquitana Germán Bush determinaron la toma de las oficinas del Sernap, debido al incumplimiento de acuerdos por el director de la institución, informó su representante Wilson Menacho.

Firmaron un acuerdo para la realización de una auditoría interna de la administración, pero no se lo hizo; tampoco se cumplió la incorporación de más guardaparques y cuando fueron a reunirse con la autoridad no lo encontraron en su fuente de trabajo, dijo Menacho.

Sin convocatoria

La exdirectora del ANMI Otuquis Cleidy Peinado Cortez denunció que la designación del cargo de su sucesor fue ilegal porque “no hubo una convocatoria pública y no se respetaron los méritos”. La ingeniera ambiental también hablo de maltrato a los guardaparques.

El presidente del Comité de Gestión del ANMI Otuquis, Richard Méndez, ratificó la designación ilegal del director del Sernap y dijo que respondió al pedido de los indígenas.

Sobre la actividad minera en el Madidi, hay una solicitud de informe a la dirección nacional del Sernap.

Central indígena reclama acuerdo

La Central Indígena Chiquitana Germán Busch informó al Comando Policial Fronterizo de Puerto Suárez que se determinó la toma de las oficinas del Sernap por la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la organización indígena y el Sernap de Puerto Suárez que “viene traicionando los principios acuerdos y convicciones, por lo que fue respaldado para asumir el cargo que hoy ostenta”.

Por lo tanto, demandan la renuncia al cargo de todos los funcionarios.