El INRA emitió un comunicado respecto de las declaraciones de los cívicos
Este martes, Dino Franco, presidente de los cívicos de San Ignacio de Velasco, denunció avasallamiento de tierras en el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá.
“Estos últimos dos meses, ha habido un movimiento, que asusta, dentro del área protegida. Bastantes personas están moviéndose y están dentro. Las supuestas comunidades que tienen los interculturales o de la Única o gente del interior del país están haciendo sus casas, preparando sus casas, continuando con la deforestación y de esta manera ser censados, tratando de legalizar estos avasallamientos”, describió.
Franco manifestó que el Comité Cívico pidió al INE la cartografía territorial para ver cuál es la situación de esa área y aseguró que el pasado viernes la respuesta del INE fue: “Que no nos puede dar esta información”. Cuestionó la transparencia de esa institución.
Por otro lado, informó que realizaron visitas al área protegida, junto a funcionarios del INRA y la ABT
“En algunas ocasiones estuvimos con la ABT, estuvimos con el INRA. Incluso encontramos a las personas dentro del del área protegida y se les iba a iniciar un proceso. Tomaron todos los datos, pero hasta el momento, no tenemos ningún avance de esa situación”, señaló.
Y agregó: “El INRA ha dicho, con resoluciones, que es un área fiscal no disponible, pero continúan los asentamientos, continúan las deforestaciones y bajo la complicidad del INRA, de la ABT y también del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, quien es el encargado de la defensa de la protección de esta área protegida”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través de un comunicado manifestó al respecto:
“El INRA, en cumplimiento de la normativa agraria vigente, no distribuye tierras en reservas forestales ni áreas protegidas, porque tienen el carácter de no disponibles”.
En el segundo punto expresó: “Pedimos a la población no dejarse engañar con información tergiversada, difundida por aquellos que aprovechan cualquier contingencia para obtener protagonismo político y mediático”.
Franco dejó en claro que solo hay cinco comunidades ancestrales y autorizadas para asentarse en el área protegida Bajo Paraguá: Porvenir, Florida, Piso Firme, Picaflor y Bellavista.
El cívico denunció que, supuestamente, el objetivo de los avasallamientos tiene que ver con el censo y la legalización de los asentamientos.
“Han visto como 500 personas, aproximadamente, dentro de estos lugares, y continúan. Ahora quieren ser censados como si vivieran en ese lugar (…) Justamente hoy, previo al censo, los avances son mayores; está llegando gran cantidad de personas a estas tierras, con el objeto de ser censados y de legalizar sus asentamientos”, manifestó.