La Ley Forestal 1700 fue promulgada en julio de 1996, durante la primera gestión de Sánchez de Lozada, en medio del proceso de capitalización o venta de las empresas del Estado y tiene como objetivo "normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país". Establece que la concesión es por un plazo de 40 años prorrogables.
UNA NORMA CUESTIONABLE. Al haberse promulgado la norma dentro un proceso de privatización, está claro que la Ley Forestal va dirigida en este sentido. En el artículo 37 se establece que la patente tendrá un costo anual de un dólar por hectárea.
El Director de la Fundación Tierra asegura que actualmente el Gobierno promueve el debate para ampliar la frontera agrícola y modificar las restricciones de la deforestación, pero también hay "pequeños sectores que están interesados en facilitar los chaqueos. Pero también está de por medio el costo ambiental, que puede generar este tipo de modificaciones, porque está de por medio el interés de implementar en el país una agricultura de tipo comercial, interesada principalmente en la exportación, antes que en mejorar la provisión de alimentos".
Según datos que maneja el propio Gobierno, el 80% de la producción de la agroindustria se destina a la exportación y sólo el 20 por ciento se destina al mercado interno, mientras que casi el 70% de la producción de la agricultura familiar campesina y de las pequeñas unidades está destinado a aprovisionar los alimentos al mercado interno, pero es un sector que recibe poco apoyo gubernamental para satisfacer la gran demanda de alimentos.
En 2012, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) presentó una propuesta de proyecto de Ley para lograr una gestión integral "y sustentable de los bosques... que permite el aprovechamiento equilibrado y satisfactorio por parte de las poblaciones locales a los potenciales económicos de los valores del bosque sin poner en riesgo su estabilidad ecológica". Plantea la necesidad de implementar "mecanismos de participación y control social en toda la planificación y desarrollo de las políticas, planes y proyectos de desarrollo por el uso, aprovechamiento y conservación de los componentes del bosque".
Respecto a derechos de los pueblos indígenas, la futura "Ley de Bosques deberá regular respetando los siguientes derechos: Integralidad del Territorio Indígena, Originario Campesino, Gestión de los bosques, Autonomías indígenas originarias campesinas".
"Es un debate muy fuerte y polémico, por otro lado el costo ambiental es fuerte, porque se trata de deforestar y poner una agricultura comercial". Gonzalo Colque - DIRECTOR DE FUNDACIÓN TIERRA
Por Gregory Beltrán - La Prensa - 5/11/2014