La Paz, 2 Mar (Erbol).- La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) demanda al gobierno del presidente Evo Morales la reversión de 30 concesiones forestales, otorgadas en los años 90, porque afectan el habitad de los pueblos originarios. La propuesta encuentra eco en el Viceministerio de Tierras.

Adolfo Chávez, representante de la tierras bajas, aseguró que sólo en el departamento de Pando la empresa MABET cuenta con cuatro concesiones forestales y que en las últimas semanas amenazó con la vida de la población de una de sus regionales; donde se entregó una concesión.

"Entregaron estas concesiones a muchas empresas trasnacionales a espaldas de los pueblos indígenas y a la fuerza hoy en día debemos seguir respetando, por estas concesione se ha quemado una comunidad indígena. Son vulneraciones respaldadas por ministros de Estado. Estas concesiones fueron otorgadas con el viejo sistema legislativo", señaló el presidente de la Cidob.

En esa misma línea, el viceministro de Tierras, Víctor Camacho, se mostró partidario de realizar una revisión integral de las concesiones forestales porque no se ajustan a la legislación en vigencia.

"Es el momento de revisar esas concesiones forestales de manera integral, si bien hay un derecho de los empresarios privados de explotar madera, pero ahora debemos tomar en cuenta cuáles son las concesiones forestales que tienen base legal y responden a un manejo adecuado del medio ambiente", afirmó Camacho.

ANTECEDENTES

En diciembre de 2009, la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP) denunció que en ese departamento se otorgaron concesiones forestales a empresas madereras en tierras disponibles o habitadas por indígenas del lugar, como los Pacahuaras, comunidad en peligro de extinción.

En la oportunidad, el secretario de Tierra y Territorio de la CIPOAP, Mario Duri denunció que "se entregaron las concesiones sin tomar en cuenta que en ese lugar viven los Pacahuaras. Esa gente vive de forma rudimentaria, el lugar es su único hogar, pero de a poco las empresas madereras están destruyendo todo".

En agosto de 2009, el gobierno anuló las concesiones de explotación forestal en el oriente del país y entregó la propiedad sobre más de 200.000 hectáreas de esas tierras a los indígenas de la etnia guaraya.

En junio de 2006, el gobierno decidió revertir ocho concesiones en Santa Cruz, que hacen un total de 320.130 hectáreas, a través de cinco resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En la oportunidad, la Cámara Forestal de Bolivia cuestionó el hecho sin lograr revertir la situación. Entre las firmas afectadas figuraban: Cronenbold La Junta en un 100% de su área, Cimal/IMR en un 69% de su área, Sutó en un 45% de su área, La Chonta en un 54% de su área, Industria Forestal Paraguá en un 52% de su área, Tarumá en un 32% de su área y Los Primos en un 4% de su área.

RESPUESTA OFICIAL DE LA CÁMARA FORESTAL DE BOLIVIA

El Presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Lic. Pedro Colanzi, consultado sobre el pedido de la CIDOB de revertir 30 concesiones forestales y el eventual apoyo del Viceministro de Tierras; indicó:

"No vamos a entrar en una confrontación pública con los dirigentes de la CIDOB, pues tenemos mucho respeto por los pueblos indígenas y por la opinión pública. Nuestra conducta empresarial está sometida a la Ley y abierta a cualquier fiscalización de la autoridad competente".

"Los derechos forestales vigentes, se adquirieron de manera legal y no para perjudicar a nadie, de hecho no lo hacen. El propósito de nuestra actividad es producir un bien indispensable par la vida de todos los seres humanos, como es la madera y, lo hacemos de manera sustentable. Tenemos el honor de haber llevado a Bolivia al Primer Puesto a nivel mundial en manejo sustentable de bosques tropicales; de generar empleo directo para más de 90 .000 familias bolivianas, casi todas del ámbito rural; de prestar servicios ambientales gratuitos para la sociedad como es la lucha contra la deforestación, el secuestro de dióxido de carbono, regular el clima, mantener el agua limpio, entre otros".

"Tenemos entendido que el Viceministro de Tierras considera que las concesiones forestales deben someterse a una revisión integral. Estamos de acuerdo, porque estamos seguros que actuamos en el marco de la Ley y sobre todo a favor de los bosques. Afirmamos esto porque está científicamente comprobado que las concesiones forestales cuidan tan bien sus bosques que actualmente tienen un grado de conservación comparable a los parques nacionales. Afortunadamente la nueva Constitución Política del Estado reconoce esta situación, por tanto, protege y garantiza los derechos forestales, incluso dentro de las tierras indígenas (Art.30 num. 17)".

"En todo caso, señaló el Lic. Colanzi, antes que atizar conflictos innecesarios con los pueblos indígenas; con quienes tenemos cordiales relaciones de trabajo y complementariedad desde hace mucho tiempo, optamos por analizar caso por caso sus demandas y argumentos jurídico constitucionales para que, en el marco del respeto a la Ley y el diálogo, solucionemos estas aparentes divergencias".

La CFB está haciendo gestiones directas ante el Órgano Ejecutivo y la ABT para detener esta demanda.