Una nueva empresa resigna continuar en la actividad productiva maderera por falta de garantías jurídicas y ausencia de autoridad. Los avasallamientos a su área forestal imposibilitan su trabajo desde hace varios años haciendo insostenible la situación.

Se trata de la empresa San Antonio, con muchos años de antigüedad en la Reserva de Producción Forestal Permanente El Choré en Santa Cruz, que decidió renunciar a su derecho forestal debido a la imposibilidad de trabajar.

Los avasallamientos, las amenazas y agresiones de parte de los campesinos asentados en El Choré, son permanentes y la empresa los viene denunciando desde hace muchos años. Existe una absoluta orfandad y falta de autoridad y ejercicio de la Ley en el lugar.

Al respecto, la Cámara Forestal de Bolivia considera que esta situación debe alarmar al Gobierno nacional, ya que cuando se pierde una empresa, es como perder una vida humana. El efecto negativo en la sociedad por el cierre de una empresa, es extremadamente grave; qué pasa con los trabajadores y sus familias que dependían de esta empresa? Engrosarán las filas de los desempleados del país con las consecuencias negativas socio económicas que ello implica.

Es ya un trabajo regular en la CFB realizar gestiones institucionales para intentar la atención de las autoridades respecto a lo que ocurre en El Choré. Este es un mal heredado desde hace muchos años, pero ello no hace que los gobernantes actuales se liberen de responsabilidad alguna.

Con el cierre de esta empresa, está venciendo la informalidad y el delito, se están destruyendo los recursos naturales que son del pueblo boliviano, se está dañando de manera irreversible al medio ambiente y se está perjudicando a muchas familias bolivianas.

En razón a lo señalado, la CFB se dirigió al Licenciado Iván Castellón, Viceministro de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y al Dr. José Antonio Landriel P., Director Ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierra solicitándoles que realicen los mayores esfuerzos para reencausar la conducta institucional del Estado y reponer el imperio de la Ley para que lo que le ha ocurrido con la empresa San Antonio no se repita más.

Fuente: Nota de Prensa CFB. 4-06-09.