El Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz manifestó su intención de revertir las concesiones forestales apoyándose erradamente en el Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA, que anuncia la dotación de tierras forestales para atender las demandas de la TCO Guarayos. De cumplirse esta intención, se estarían afectando 200.000 hectáreas bajo derecho de concesión con daños irreversibles.

"Es una pena que se pretendan afectar concesiones forestales, ya que se trata de más de 200 mil hectáreas que son consideradas un emblema en manejo forestal sostenible (aprovechamiento racional). Los bosques han sido conservados por las empresas por más de 40 años y podrían desaparecer si no se hacen los esfuerzos necesarios para mantenerlos. Sería una decisión terrible para el país, una pérdida muy grande e irreparable, además de un agravamiento de la inseguridad jurídica y la pérdida de confianza en el país", lamentó el Presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Lic. Pedro Colanzi.

Afectar los derechos concesionarios de estas tierras forestales, equivalen a 140.000 hectáreas certificadas, con lo que Bolivia perdería su liderazgo mundial en manejo de bosques certificados ('Sello Verde'), título que lleva por tener más de 2 millones de hectáreas certificadas. Los bosques de las concesiones están garantizados para siempre, al igual que la biodiversidad existente.

Adicionalmente, dos de las tres áreas bajo concesión son la sede de los trabajos de investigación forestal más importantes del país. "Las parcelas de investigación forestal más importantes de Bolivia están en Guarayos, son años de investigación que se perderían" advirtió el Lic. Colanzi.

Por otra parte, aproximadamente 2.000 familias de la zona viven de esas concesiones, donde se fabrican productos de madera terminados. Adicionalmente, estas empresas se caracterizan por su elevada contribución social, ambiental y económica en las zonas donde trabajan.

A los perjudicados se suma el Estado, ya que también se perderían los aportes que las empresas forestales realizan anualmente a favor de los municipios, Prefecturas y a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). Como referencia, sólo el año 2008, el sector aportó por Patente Forestal y Tarifa de Regulación Forestal, más de 8 millones de dólares a nivel nacional, esto fuera de los impuestos que se pagan por IVA, IUE, IT.

Fuente: Nota de Prensa CFB. 24 de agosto de 2009