A 12 días de la realización del referéndum dirimitorio que se realizó el 25 de enero, el proyecto de Constitución Política del Estado continuaba generando polémica. La configuración territorial, contemplada en el artículo 2, y la definición de 'traición a la patria', del artículo 124, se encuentra entre los que más resistencia ha provocado en los sectores productivos.

En un debate, organizado por el diario EL DEBER, la asesora de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Eliane Capobianco; el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca; el Vicepresidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Pedro Colanzi, y el asesor de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, plantearon sus dudas con relación a los privilegios que gozarán los pueblos indígenas, originarios y campesinos y la tipificación de los delitos o contravenciones ambientales de 'traición a la patria' al ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Carlos Romero, y al director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, quienes intentaron despejarlas, sin lograrlo.

Capobianco, Colanzi, el asesor de la CFB, Jorge Ávila, y el presidente de Congabol, Guido Náyar, coincidieron al indicar que la configuración de territorios indígenas que establece el proyecto de Constitución del MAS es un peligro para el derecho propietario de los sectores productivos. "Se habla de una reconstitución de territorios que existían antes de la colonia de 36 naciones, que libremente podrán determinar de dónde a dónde se extienden sus territorios. De acuerdo con explicaciones del movimiento indígena, el 90% del territorio nacional está dentro de las 36 naciones indígenas y sólo quedan como ciudades La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto y Potosí", afirmó Capobianco.

Colanzi, a tiempo de lamentar que en el proyecto de Constitución no se aborde el tema de las concesiones forestales, destacó que los privilegios que se les otorga a los indígenas en torno a tierra y territorio puede generar graves y perjudiciales conflictos de superposición con los legales y legítimos derechos forestales. "Esto se puede volver aún más complejo, dada la aparición de nuevas demandas de territorios indígenas", destacó Colanzi. Sobre el particular, Jorge Ávila afirmó que el sector forestal se aferrará al precepto constitucional establecido en el numeral 17 del artículo 30, que establece que se respetarán los derechos adquiridos por terceros.

Náyar coincidió con Ávila en sentido de que continúan apareciendo demandas de tierras e hizo mención al caso de Otuquis, en Puerto Suárez. "Los solicitantes son tres cochabambinos y dos personas que no son de Puerto. Que cinco personas pidan 160.000 ha y que se dé curso a ese pedido, es grave", anotó Nayar.

Sobre el particular, el ministro Romero rechazó que con el artículo 2 del proyecto constitucional se hable de reconstitución territorial. "Ni siquiera se habla de territorio ancestral, porque tampoco puede ser un cheque en blanco para los indígenas. No es una amenaza a los derechos sobre la tierra y al aprovechamiento de los recursos naturales". Juan Carlos Rojas, a su turno, indicó que las demandas indígenas de territorio son antiguas y no fueron canalizadas en su oportunidad, y que no es cierto que hayan nuevas demandas.

Otro punto que despierta suspicacia es el artículo 124 que habla de traición a la patria para el boliviano o boliviana que viole el régimen constitucional de los recursos naturales. Para Capobianco, esta normativa atenta contra los productores que corren el riesgo de ser procesados por el delito de traición (...).

Al respecto, Romero fue tajante al indicar que las interpretaciones que hacen los productores son exageradas y que el concepto de traición a la patria busca evitar que los recursos naturales sean explotados por las transnacionales y que esta actividad sea permitida por funcionarios nacionales; en ese caso se aplicaría el artículo 124.

La falta de confianza que genera el texto constitucional en el inversor agropecuario; la susceptibilidad que causa el tema de la superficie máxima de la tierra, los productores califican de confiscatoria la medida e indican que produce inseguridad jurídica, todo esto ligado con el concepto de latifundio.

La exclusión de las concesiones forestales en el nuevo texto constitucional fue otro de los puntos que se criticó durante el debate. Para los representantes del sector la única garantía de que las concesiones legalmente adquiridas serán respetadas es el artículo 30.

Artículo 30

Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Artículo 124

Art. 124. I. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:

2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales.

II. Este delito merecerá la máxima sanción penal.

Pedro Colanzi

El sector forestal mostró su inquietud porque la CPE no reconoce los derechos de concesión forestal y los trata como cualquier tipo de concesión. Colanzi indicó que este régimen permitió exportar productos que tienen más del 75% de valor agregado, unos $us 200 millones, y el no tener un apoyo legal a esta actividad provoca incertidumbre y hace difícil enfrentar a los avasalladores de distintas concesiones forestales.

Juan Carlos Rojas

Para Rojas, la demanda de territorios indígenas no es exclusiva del Gobierno de Evo Morales. El Ejecutivo está viabilizando esas demandas que no fueron tomadas en cuenta por gobiernos anteriores y dio como ejemplo los pedidos de tierra de los guaraníes del Alto Parapetí. Sobre el tema, Capobianco explicó que no se dio curso a estos pedidos porque en la región no existían indígenas.

Nota editada de: El Deber. Martes, 13 de enero de 2009