Argentina: Ley de tierras - Macri modificó alcances de la normativa y se abre un nuevo escenario para las inversiones foresto-industriales en el NEA

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó la Ley de Tierras con el objetivo de facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en la Ley 26.737 de 2012, que legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional. La noticia generó polémica. El sector foresto-industrial fue uno de los perjudicados con la vigencia de la normativa ya que fue una traba para atraer nuevos proyectos de inversión para el aprovechamiento de la materia prima existente en la región.

MISIONES (3/7/2016).- Por medio del decreto reglamentario 820/16 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en la Ley 26.737 de 2012, que legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional.

Desde el sector foresto-industrial argentino había planteando en reiteradas oportunidades la necesidad de revisar la aplicación de esta normativa ante las trabas que representaban sus limitaciones para avanzar en proyectos de inversión en el sector, que sin dudas con las modificaciones anunciadas será ahora uno de los más beneficiados. En la primera reunión del año de la Mesa Nacional Foresto-industrial convocada por la nueva Subsecretaria de Desarrollo Foresto-industrial se adelantó que la modificación de la Ley de Tierras sería uno de los temas prioritarios de revisión en la agenda de gestión en 2016.

Sin embargo, la decisión del gobierno nacional de revisar la legislación y modificar la normativa generó rechazos y polémica entre referentes y especialistas que defienden un modelo proteccionista, regulando la extranjerización en el suelo argentino, considerando este recurso como un factor estratégico para el desarrollo sostenible, frente a la función social, ambiental y de soberanía alimentaria que significa.

Así lo expresó el ex Subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma, actual asesor del Ministerio del Agro y Producción de la provincia. El funcionario fue durante el gobierno de Maurice Closs el representante alterno ante el Consejo Inter -Ministerial de Tierras Rurales creado por Ley 26737 (designado por Decreto PEP N 1107/12).

“La ley de Tierras tiene un tratamiento respecto de la Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales donde puso de relevancia una problemática socio territorial y económica de nuestras economías regionales. Define a la tierra como un recurso natural estratégico para el desarrollo sostenible del país. Limitaba la extranjerización del principal capital de nuestro país. Una de las principales ventajas competitivas que tenemos en la Argentina son los recursos naturales y la Tierra estratégica, pues sin un adecuado acceso, distribución y regularización dominial de nuestra tierra rural no es posible garantizar un desarrollo rural sostenible. La Ley N° 26.737 es un instrumento estratégico en materia de políticas de tierra”, recalcó el funcionario.

En ese contexto, Ledesma consideró que desde su visión “es necesario limitar la territorialidad rural extranjerizable. El aumento de la territorialidad rural extranjerizable a las inversiones extranjeras para el desarrollo sostenible considero es un error estratégico. La tierra, y por ende la riqueza del suelo es soberanía, soberanía alimentaria, Bosque, agua y tierra (suelo) son recursos estratégicos que generaran las grandes tensiones sociales, económicas y políticas en los próximos años. Hay que estar muy atentos, su soberanía es vital”, señaló en la entrevista con ArgentinaForestal.com

Por su parte, desde el sector forestal el consultor Eduardo Stirnermann consideró que la decisión de eliminar restricciones de la venta de tierras a extranjeros es “es altamente positiva, pero siempre en la medida que las compras se realicen con fines productivos o conservacionistas y no con la mera intención de especulación inmobiliaria aprovechando el bajo valor actual de la tierra en algunas regiones del país, como se da en la actualidad en Misiones”, explicó en contacto con este medio.

El profesional sostuvo que en el país “se necesita de inversores que pongan a producir bastas extensiones de tierras actualmente improductivas y en proceso de degradación del suelo por mal uso. Esto va a redundar en generación de empleo para mucha gente, riqueza para el país, ingresos por impuestos a las arcas del Estado que se traducirán en mayores y mejores servicios para la comunidad. Todos sabemos del poder multiplicador de las inversiones productivas”, remarcó.

Con respecto al impacto que generó la vigencia de Ley de Tierras en la última década, Stirnermann admitió que “en la práctica siguió la extranjerización de la tierra, utilizando diferentes subterfugios. Se dan casos de compras bajo la figura de testaferros, ya sean individuales o sociedades conformadas en prestigiosos estudios económicos y legales. También por medio de la tramitación de la ciudadanía argentina, aunque gran parte del año sigan viviendo en el extranjero. Por otra parte, lamentablemente otra realidad fue que se frenaron intensiones de empresarios extranjeros dispuestos a realizar inversiones productivas”, aseveró el consultor forestal.

Cambios de escenario

La vieja normativa definía como extranjero a quien fuera titular de “un porcentaje superior al 25 %, mientras que los cambios dispuestos por el Ejecutivo llevan el límite al 51 %. Además, se acaba con el tope anterior en el que los extranjeros podían comprar solo hasta 1.000 hectáreas en la zona núcleo y más productiva del país, no imponiéndose ahora ninguna clase de restricción en la materia.

También hay una decisión de eliminar controles desde la administración del gobierno nacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF). Con esta resolución, aquellos que hayan comprado inmuebles rurales y cuyos titulares no hayan sido informados no estarán bajo la lupa de los organismos de contralor para saber si cumplen o no con las leyes impositivas y de prevención de lavado de dinero.

La anterior norma perseguía a los extranjeros que no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a la compra de tierras en el país, y ahora también dejó de regir que en caso de que no haya un nombre propio como dueño de la tierra y sí una sociedad, la investigación se extendiera a los socios, administradores o representantes de dicha firma.

De todas maneras, frente a los cuestiones de quienes se expresan en contra del decreto considerando que la medida genera una desprotección para las generaciones futuras permitiendo de esta manera el avance de capitales extranjeros, el ingeniero Stirnermann opinó que “la desprotección se dará en la medida que no haya inversiones y generación de trabajo que permita a los habitantes de nuestro país ganarse dignamente los fondos para el bienestar y progreso de sus familias. Todos conocemos la triste realidad de Misiones en la que muchas tierras privadas terminan siendo invadidas bajo esquemas totalmente anárquicos, llevando las mismas a extremos de degradación productiva y ambiental que va a ser muy difícil de revertir cuando las consecuencias sobre la sociedad sean insostenibles”, dijo.

Desde su visión, el marco adecuado para una normativa que permita la atracción de las inversiones extranjeras sería fundamentalmente por medio de la exigencia de cualquier proyecto, un mínimo de inversión productiva, de manera que se garantice que esas tierras a ser adquiridas serán destinadas a generar trabajo y riqueza para los argentinos.

“Para aprobar la venta de tierras, el proyecto extranjero debe estar sujeto a evaluación de las autoridades competentes, cuya aprobación, a satisfacción de requisitos pre-establecidos, debe ser obligatorio para la escrituración definitiva de los inmuebles. Y que luego, que el proyecto sea monitoreado en su cumplimiento y sea pasible de multas si en forma injustificada no se realizan las inversiones comprometidas. Por otra parte, debería ponerse un límite a la concentración de la tierra en manos de una empresa o grupo empresario extranjero. En mi opinión, para el caso de Misiones, no debería superar el 1% de la superficie total del territorio provincial”, subrayó el profesional.

De todas formas, la noticia genera un nuevo escenario para el sector foresto-industrial. “Estimo que la actividad sería una de los mas favorecidos con estas modificaciones, por lo menos en la región del NEA, seguido por los sistemas Silvopastoriles”, concluyó.

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