Argentina: Bosque bajo amenaza

La sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, en 2009, marcó un hito en el país y fue considerada una ley de avanzada, principalmente por combinar estrictos criterios de protección y control estatal con incentivos económicos a los propietarios privados.

La realidad, sin embargo, determinó que en la práctica se retaceara la asignación presupuestaria necesaria para mantener los incentivos, y que en los años en que se demoró la promulgación de la norma -a la espera de que las provincias cumplieran con el requisito de sancionar una ley de ordenamiento territorial inventariando sus bosques- en muchos distritos se intensificó la deforestación. 

Un reciente estudio de la ONU,  que dio lugar a una nota periodística, dio la voz de alarma al revelar que tras siete años de aplicación de la norma, en 2016 en las regiones NOA y NEA se desforestaron más de 60 mil hectáreas. El 90% de la deforestación de 60.188 hectáreas se produjo, según el relevamiento,  en las provincias del Norte Grande como Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. 

“El alto nivel de explotación -se informó-  se habría concretado a pesar de que las  provincias estaban obligadas a zonificar sus territorios para definir su nivel de conservación de bosques con una graduación de “muy alto” (“área roja”), “medio” (“área amarilla”) y “bajo” (“área verde”)”. 

En ese lapso  se habría producido el mayor impacto sobre el bosque, “en coincidencia con el mejor momento de los commodities en el mercado internacional: un total de 2 millones de hectáreas deforestadas, de las cuales en 1 de cada 3 se avanzó sobre el “área roja” del bosque”, declarada intangible. 

La tala ilegal, es sabido, es una amenaza para la biodiversidad del ecosistema  natural y contribuye al actual desequilibrio ambiental, difícil de resolver ante la necesidad de compaginar conservación y desarrollo.

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