Se iniciaron trabajos entre la CFB y el Órgano Ejecutivo

El día jueves 19 de febrero en curso, en el Ministerio de Planificación del Desarrollo de la ciudad de La Paz, con la asistencia del Presidente, Lic. Pedro Colanzi, el Gerente General, Abg. Jorge E. Avila y el Jefe del Dpto. Económico, Lic. Erwin Vargas, se iniciaron los trabajos de coordinación para encontrar las soluciones a la crisis del sector forestal. Por el sector gubernamental participaron representantes de los Ministerios de Planificación del Desarrollo, de Medio Ambiente y Aguas y, de la Vicepresidencia del Estado.

En la referida reunión, se abordaron los temas de la agenda propuesta por la CFB que, detallamos a continuación:

 

PROPUESTAS DE LA CÁMARA FORESTAL DE BOLIVIA PARA REACTIVAR LA ACTIVIDAD MADERERA

Santa Cruz, febrero de 2015 

Incremento de los volúmenes de producción sustentable y formal.

La producción debe ser un objetivo estratégico de la administración pública. En razón a ello, debe adecuar sus tiempos a la necesidad de producir.

Es indispensable optimizar y simplificar los procesos de fiscalización y control; es decir, racionalizar el exceso de regulación para que, en vez de ser una traba  a la producción formal, se conviertan en un mecanismo de apoyo a ésta.

La fiscalización y el control debe llegar hasta la fase de ingreso de la tronca al centro de procesamiento y, a partir de allí, se debería liberar los demás eslabones de la cadena productiva y comercial. De esta manera, el Estado (ABT) optimizará sus recursos económicos, humanos y logísticos para garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

Provisión suficiente y oportuna de diésel.

En algunas zonas del país, el límite a los volúmenes de producción, lo define la cantidad de diesel de la que dispone el operador. Lamentablemente, no siempre se cuenta con este combustible de forma oportuna en cantidades suficientes, ocasionando bajos niveles de producción o retrasos en el aprovechamiento.

Por lo señalado, es indispensable facilitar el aprovisionamiento de combustible diésel en cantidades suficientes para los operadores forestales en todas las zonas productivas.

Se debería aprobar una norma específica para la DGSC que permita otorgar permisos a las industrias forestales primarias avaladas por la CFB para acceder al combustible considerando aspectos como ser: Temporalidad, ubicación y cantidades.

Protección de la industria nacional frente a importaciones.

Las importaciones de productos de madera (muebles y láminas), al margen de la fuga de divisas y afectación a la mano de obra nacional,  está destruyendo a la industria boliviana; desde las micro unidades productivas, hasta las grandes empresas. 

En un país como el nuestro, que tiene un potencial forestal excepcional, es inadmisible que la balanza comercial en este rubro, sea negativa.

Para evitar que el daño se siga incrementando, es urgente aplicar medidas para-arancelarias que nivelen los precios de los productos importados con los precios de los productos nacionales, especialmente los de láminas y tableros.

Sugerimos tomar las siguientes medidas:

  • Cobro de derecho forestal por parte de la ABT.
  • Mayor costo de CFO de Importación
  • Certificado de emisión de toxicidad de los productos
  • Autorización de importación por parte del SENASAG

Ejemplo: BRASIL aplica:

  • Impuestos sobre circulación de mercancías y prestación de servicios (Hasta el 19%)
  • Dos contribuciones especiales:
  • Taza del PIS/PASEP es de 1.65%
  • COFINS del 7.6%

Financiamiento.

Los cuatro años consecutivos de crisis en el sector forestal, lo ha debilitado económicamente a niveles muy graves. Atraviesa una iliquidez muy compleja que, necesita ser atendida.

El que la Ley de Entidades Financieras recientemente aprobada contemple al sector forestal entre los beneficiarios de los servicios financieros, es un gran adelanto. Sin embargo, hasta la fecha, no existen productos financieros que se adecuen a la realidad del sector forestal, debido básicamente a la falta de garantía que podría ofrecer el actor forestal pues, éste no tiene derecho de propiedad alguno sobre el bosque y, porque las entidades financieras no le asignan valor comercial a los instrumentos de gestión. 

Con estas características, para los actores forestales es extremadamente difícil acceder a financiamiento y cuando se logra, éste no tiene las mejores condiciones de acorde a la realidad del sector forestal.

En este marco, el sistema financiero con el aval del Estado; o bien, el Banco de Desarrollo Productivo, deberían elaborar normativas, tendiente a conocer en detalle la actividad forestal, y desarrollar productos financieros que se adecuen a su realidad reconociéndole valor comercial a determinados instrumentos de gestión, tales como los Inventarios Forestales y POAF.

Reconversión tecnológica.

Los actores forestales, en su gran mayoría, trabajan con tecnología desfasada en extremo (de los años 70 y 80); es tecnología muy ineficiente en el consumo de energía y tiempo, lo que se traduce en un mayor incremento en los costos de producción, haciendo poco competitivo el producto nacional.

Sería prudente aplicar medidas de incentivo para la reconversión tecnológica en todos los eslabones de la cadena de producción forestal (partiendo desde el aprovechamiento en el bosque, transporte, transformación primaria, y llegando hasta la elaboración del producto final), un mecanismo que puede ayudar a lograr este objetivo es el diferimiento del IVA para las importaciones de bienes de capital destinados a cubrir estas necesidades.

Ausencia de interlocutor político por los bosques y la actividad forestal.

La historia nos ha demostrado que, el sector forestal ha sido subvalorado por las estructuras públicas de poder.  El rango de la autoridad política forestal a nivel del Órgano Ejecutivo, es de Dirección Nacional, de ahí que, el sector y la actividad forestal, siempre están ausentes de las políticas de gobierno y Estado.

Consideramos que, el inicio de un proceso de valoración del bosque y de la actividad forestal por parte del Estado, para permitir que esta actividad sea protagonista del desarrollo nacional sustentable y contribuya en la generación de mayores empleos, industrialización y divisas para el país,  pasa por reconocerle importancia política y económica en el Estado. La creación cuando menos, de un Viceministerio de Desarrollo Forestal y asignar un responsable que, al margen de su idoneidad profesional, tenga la solvencia política para defender los bosques y promover el desarrollo forestal sustentable, se hace indispensable

Caminos.

El transporte impacta en un 80% en los costos de la actividad maderera; al margen que éste, como servicio, es cada vez más escaso. 

La industria maderera se ve en la necesidad de construir sus propios caminos para acceder a las zonas productivas. Estos caminos se convierten de uso público y su mantenimiento tiene un elevado costo.

Es recomendable desarrollar una estrategia de construcción y mantenimiento de carreteras y caminos estables en las zonas productivas con participación del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales, priorizando las rutas útiles para el transporte maderero.

Creación de un régimen tributario especial para la formalización de la economía forestal comunitaria.

La provisión de madera que proveniente de productores comunitarios, campesinos y productores agropecuarios, es cada vez más importante. Representan aproximadamente el 80% de la producción total de madera en el país.

Prácticamente la totalidad de estos productores no están registrados ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); por tanto, en sus operaciones comerciales de venta, no emiten factura.

Esta situación promueve directamente la informalidad en el sector y pone en franca desventaja a las empresas formales que, no pueden participar de dichos circuitos porque no pueden justificar sus gastos ante el SIN, dando paso a una actividad de intermediación informal que crece sostenidamente y cuyos actores, no han demostrado interés en las prácticas sustentables en la producción forestal.

Ante esta situación, proponemos crear un régimen especial para este tipo de productores forestales; similar al RAU, o bien, ampliar el RAU a estos productores.

Frontera agropecuaria y uso de la madera.

Apoyamos el crecimiento y desarrollo agropecuario en el país. Sugerimos que se desburocratice y hasta se eliminen las tasas de desbosques en aquellos suelos con capacidad de uso mayor agrícola o ganadero.  

Para el proceso de ampliación de la frontera agropecuaria, recomendamos tomar en cuenta la ingente cantidad de bosque y madera que se podría destruir (quemar).

Ante esta situación se deberán crear mecanismos administrativos, técnicos, logísticos y económicos para evitar semejante pérdida y contaminación ambiental, facilitando el acceso a dicha materia prima.

Plantaciones forestales industriales.

Según la FAO, menos del 7% del área boscosa mundial corresponde a plantaciones forestales comerciales pero, en contra partida, este pequeño porcentaje produce 1/3 de la madera que se consume en el mundo. Además a esto habría que sumarle que las plantaciones forestales comerciales ayudan a bajar la presión sobre el bosque natural, ayudando a su preservación, con todos los beneficios medioambientales que esto trae (incluidos beneficios para la agricultura). 

En la actualidad Bolivia cuenta con alrededor de 30.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, esto es muy poco comparado con las más de 2 millones de hectáreas que tiene Chile, lo cual le representa solo en exportaciones, un poco más de USD 5.000 millones anuales. 

Ante esta situación, se hace indispensable y urgente desarrollar una política nacional de plantaciones forestales comerciales, orientada al fomento sin trabas, para el crecimiento del área de plantaciones forestales comerciales.

Por las experiencias de otros países, una política de Estado para plantaciones forestal conlleva mecanismos de apoyo financieros especiales, liberación de impuestos y mucho fomento estatal.

Homologación de contratos de operadores forestales.

Los negocios entre empresas forestales y comunidades indígenas; así como, entre particulares y éstos con comunidades indígenas, irán creciendo en el futuro próximo. 

La experiencia ya nos ha demostrado que, estos contratos son fuente permanente de conflictos por incumplimientos de ambas partes. Razón por la cual se hace necesaria la intervención del Estado (ABT) a efecto de, generar un ambiente de estabilidad sectorial.

Es evidente que, se trata de acuerdos comerciales entre particulares y que sus diferencias debería ser resueltas en las instancias jurisdiccionales que corresponda. Sin embargo, lo que se negocia es un recurso natural que, para su aprovechamiento, transformación, transporte y comercialización, la intervención del Estado es indispensable.

En ese entendido, la violación de un contrato de compra venta de recursos o productos forestales, implica generalmente la utilización de instrumentos de gestión públicos; a decir, autorizaciones y CFO´s que comprometen la fe del Estado.

Consideramos en razón a lo expuesto que, el Estado (ABT), debe homologar en un plazo no mayor a 48 horas, los contratos entre particulares y comunidades y, adicionalmente, no otorgar autorizaciones o CFO a aquella parte que ha violado el contrato suscrito.

Complementariedad comunidad - empresa

Los TIOC detentan entre un 65 a 70% de los bosques o suelos de producción forestal permanente. En este contexto, es imposible entender la actividad forestal sin los operadores comunitarios. De ahí que, se hace necesario establecer algunos lineamientos generales o marco, para las relaciones entre comunidades y empresas.

Vea Propuesta: Características generales de un convenio de complementariedad Comunidad – Empresa

Finalmente los representantes del Órgano Ejecutivo después de conocer las fundamentaciones de la agenda presentada por la CFB, la consideraron como pertinente y se comprometieron que hasta el mes de marzo del presente año tendríamos una decisión política destinada a solucionar cada uno de los temas expuestos.

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